Exdirector del SII advierte que funcionarios acceden sin autorización a datos de contribuyentes: alerta por riesgo de filtraciones si se levanta el secreto bancario

En medio del debate sobre el proyecto del Gobierno que busca levantar el secreto bancario para fortalecer la persecución del narcotráfico y el lavado de dinero, surgió una voz de alerta que pone en entredicho la capacidad del Estado para garantizar la reserva de los datos financieros.

El exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, reconoció que, durante su gestión, hubo funcionarios que accedían a información de contribuyentes sin tener autorización ni relación con las fiscalizaciones que llevaban adelante.

“Sabía que había gente que se metía a la base de datos para ver información de contribuyentes que no les correspondía”, reveló, agregando que incluso vivió en carne propia cómo información personal fue utilizada indebidamente y luego divulgada a un medio de comunicación.

Para Etcheberry, antes de entregar al SII acceso a la información bancaria de los chilenos, el organismo debe robustecer sus controles internos, de manera que cada funcionario solo pueda acceder a datos tributarios vinculados a los casos que le correspondan. De lo contrario, advirtió, existe un riesgo cierto de filtraciones y uso indebido de información sensible.

La advertencia del exdirector contrasta con el llamado del presidente Gabriel Boric, quien en los últimos días reiteró su emplazamiento al Congreso para que apruebe el proyecto que busca levantar el secreto bancario en casos de investigación criminal, como herramienta clave en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El debate ha generado divisiones. Mientras La Moneda defiende la medida como un paso necesario para seguir la ruta del dinero ilícito, desde el Senado se ha planteado que el proyecto carece de garantías y podría prestarse para abusos, incluso con fines de presión o chantaje.

Actualmente, en Chile el secreto bancario protege la información financiera de los clientes, salvo excepciones en que un juez autorice su levantamiento dentro de una investigación judicial. El Ejecutivo busca agilizar este procedimiento, argumentando que el actual sistema resulta lento y burocrático.

La controversia, sin embargo, quedó instalada: ¿están los organismos públicos preparados para manejar datos bancarios sensibles sin exponerlos a filtraciones o malos usos?