Se lamenta el oficialismo y celebra la derecha: lo que ha dejado la destitución de la senadora Allende

En lo que ha sido denominado como un fallo histórico, este jueves, el Tribunal Constitucional (TC) cesó del cargo a la senadora Isabel Allende (PS) debido a la polémica compra de la casa de Guardia Vieja de su padre, el expresidente Salvador Allende.

De esta manera, luego de más de tres décadas cumpliendo funciones en el Congreso, la parlamentaria socialista fue destituida, marcando un hito en la historia política del país y generando reacciones tanto en el oficialismo como en la oposición.

Un fallo que divide a la política

Isabel Allende comenzó su carrera como diputada en 1994 y se mantuvo en el cargo hasta 2010, cuando fue electa senadora por la región de Atacama. En 2018, logró su reelección, esta vez por Valparaíso. Además, marcó un hito al convertirse en la primera mujer en presidir el Senado en 2014.

Sin embargo, su trayectoria política culmina con una fuerte controversia producto del fallo del TC. La decisión, que no fue unánime pero sí mayoritaria, fue impulsada por un requerimiento presentado por parlamentarios de Chile Vamos y el Partido Republicano, argumentando que la senadora había incurrido en una infracción constitucional al intentar concretar la venta del inmueble con recursos fiscales.

Cronología de la polémica

Lo que comenzó como un proyecto patrimonial terminó convirtiéndose en una crisis política.

El 31 de diciembre de 2024, el gobierno anunció la adquisición de la casa donde vivió Salvador Allende en Guardia Vieja, Providencia, con el objetivo de transformarla en un museo. Sin embargo, solo tres días después, el Ejecutivo dio pie atrás a la compra tras conocerse que dos de los cuatro copropietarios de la vivienda eran la senadora Isabel Allende y la ministra de Defensa de ese entonces, Maya Fernández Allende, hija y nieta del exmandatario, respectivamente.

Este hecho generó cuestionamientos legales y constitucionales, ya que la Carta Magna prohíbe a altas autoridades del Estado celebrar contratos con éste.

El Estado había pactado pagar $933 millones (aproximadamente 922 mil dólares) por la propiedad, lo que despertó críticas desde la oposición. La controversia escaló rápidamente, lo que llevó al Presidente Gabriel Boric a pedir la renuncia de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, quien había encabezado el anuncio.

Posteriormente, la oposición anunció su intención de acudir al Tribunal Constitucional para pedir el cese de ambas autoridades por presunta infracción a la Constitución. Mientras que en el caso de Maya Fernández el requerimiento no prosperó, Isabel Allende no corrió la misma suerte.

Reacciones: oficialismo dividido, oposición celebra

Desde el oficialismo, la decisión del TC generó molestia y preocupación. La ministra vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, expresó que la destitución de una senadora democráticamente electa es un hecho significativo que marca un precedente delicado. Si bien reconoció errores administrativos en el proceso, sostuvo que el Ejecutivo respeta la autonomía del Tribunal Constitucional.

En el Partido Socialista, la reacción fue de indignación. La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, y el secretario general, Camilo Escalona, expresaron su respaldo a Allende y cuestionaron la legitimidad del fallo. Además, trascendió que dentro del partido hubo molestia por las declaraciones del diputado Daniel Melo, quien aseguró que esta situación era una celebración no solo para la extrema derecha, sino también para sectores del Frente Amplio.

Por el contrario, en Chile Vamos y el Partido Republicano celebraron la destitución. El abogado representante de los parlamentarios de Chile Vamos, Máximo Pavez, reafirmó que se había producido una infracción constitucional. Mientras que el presidente de Republicanos, Arturo Squella, destacó que la decisión del TC es inédita y exigió que el Presidente Boric aclarara su grado de responsabilidad en la fallida compra de la propiedad.

Isabel Allende y su defensa

La senadora emitó un comunicado de prensa en el que lamentó el fallo y aseguró que su familia siempre actuó de buena fe y siguiendo todas las indicaciones legales. Subrayó que la venta nunca se concretó y que, por lo tanto, no hubo perjuicio fiscal ni beneficio económico personal.

Además, enfatizó que la resolución del TC no afecta el legado de Salvador Allende, el cual, según sus palabras, seguirá vivo en la memoria colectiva de Chile y el mundo.

¿Un golpe para el oficialismo?

Con la destitución de Allende y la renuncia de Maya Fernández, se ha abierto un nuevo flanco de crítica hacia el gobierno, particularmente desde sectores del Partido Socialista. Varios parlamentarios han comenzado a cuestionar el rol de La Moneda en la crisis y exigen explicaciones sobre la responsabilidad del Ejecutivo en la fallida compra de la propiedad.

Este hecho no solo ha remecido al oficialismo, sino que también ha dado impulso a la oposición, que ve en este episodio una confirmación de sus denuncias sobre irregularidades en la administración gubernamental. La incertidumbre ahora está en cuál será el próximo movimiento de La Moneda para contener los daños políticos y evitar mayores fracturas en la coalición gobernante.