Presión selectiva: el doble estándar de Contraloría frente a la movilización docente

La reciente ofensiva de la Contraloría General de la República contra los docentes que participaron en las jornadas de movilización ha generado un profundo malestar en el mundo educativo. Mientras profesores de distintos puntos del país alzaban la voz en busca de mejoras laborales y condiciones dignas para ejercer su labor, desde el ente fiscalizador se emitieron mensajes claros: habrá descuentos por los días no trabajados.

El foco puesto por Contraloría —a través de comunicados y declaraciones públicas— parece más cercano a una estrategia de presión política que a un genuino interés por la mejora de la función pública. Los profesores no han negado los días de movilización, pero han recalcado que existen acuerdos de recuperación de clases, que se han repetido en múltiples ocasiones y que responden a una lógica de responsabilidad con los estudiantes y la comunidad escolar.

Un derecho en la mira

El magisterio se movilizó no por capricho, sino por una larga lista de demandas postergadas: condiciones precarias, falta de infraestructura adecuada, sobrecarga administrativa, y la nula respuesta del Ministerio de Educación ante compromisos adquiridos previamente. Sin embargo, el derecho a la movilización y a la protesta legítima parece hoy bajo ataque, no por actores políticos tradicionales, sino por una institución que, se supone, debería velar por el cumplimiento equitativo de las normas.

La nueva Contralora y la fiscalización incómoda

Desde su nombramiento, la nueva contralora ha planteado una agenda centrada en el control estricto de la legalidad administrativa, lo cual en el papel parece loable. Pero su mirada selectiva comienza a generar dudas. Mientras los docentes son señalados públicamente por ejercer un derecho, el país sigue esperando los informes definitivos sobre el escándalo de las fundaciones, donde se repartieron recursos millonarios a entidades recién creadas, muchas de ellas sin trayectoria ni experiencia.

Las preguntas son múltiples:

• ¿Dónde están los responsables de aprobar convenios sin respaldo técnico?

• ¿Por qué no se han identificado públicamente los funcionarios que visaron estos fondos?

• ¿Por qué no hay sumarios avanzados, sanciones ni devoluciones en esos casos?

El contraste es evidente y doloroso. Mientras se exige con vehemencia el descuento del día trabajado a un profesor que protestó por derechos básicos, nadie exige públicamente la devolución de recursos entregados de forma irregular a entidades privadas con vínculos políticos.

Un gobierno que no escucha a sus profesores

El escepticismo se instala también entre quienes alguna vez confiaron en que este gobierno defendería los derechos sociales, la educación pública y la dignidad docente. Hoy, muchos profesores sienten que el discurso quedó grande y que el traje de gobernar no calza con quienes lo visten.

Se esperaba empatía, pero llegó silencio. Se esperaban respuestas, pero llegó la amenaza del descuento. Se esperaba protección a la educación pública, pero solo se ha administrado la crisis con la mirada puesta en la próxima elección, no en la próxima generación.

¿Fiscalización o amedrentamiento?

No se discute el rol fiscalizador de Contraloría, pero sí se cuestiona la oportunidad, el tono y la selectividad. Mientras no se emitan informes finales en los casos que realmente han dañado la fe pública, cualquier señalamiento a profesores movilizados sonará más a represión que a justicia.

La educación pública no necesita amenazas, necesita compromiso. Y los profesores no necesitan descuentos, necesitan respeto.