El 98% de los municipios mantiene deudas previsionales que superan los $512 mil millones

Una reciente recopilación de antecedentes oficiales reveló que casi la totalidad de los municipios del país mantiene millonarias deudas por cotizaciones previsionales impagas a sus funcionarios. En total, el monto supera los $512 mil millones, afectando tanto a trabajadores municipales como a personal de corporaciones de educación y salud.

De las 345 comunas del país, 339 registran deudas previsionales, lo que equivale al 98% del total. Solo seis municipios concentran el 35% de la deuda nacional: Ancud, La Serena, Quilpué, San Miguel, Cerro Navia y San Fernando.

En algunos de ellos, las cifras son especialmente altas: Ancud supera los $41 mil millones; La Serena bordea los $35 mil millones; Quilpué y San Miguel mantienen más de $28 mil millones; Cerro Navia adeuda sobre $26 mil millones y San Fernando alcanza casi los $23 mil millones en cotizaciones impagas.

Años de mala administración y desfalcos

Varias municipalidades reconocen que las deudas se originaron por gestiones anteriores marcadas por irregularidades financieras y fraudes al fisco, actualmente investigados por la justicia. En San Fernando, por ejemplo, la administración municipal actual atribuye el problema a “décadas de mala administración y defraudaciones”, mientras que en Cerro Navia se confirmó judicialmente la existencia de una red de fraude durante gestiones pasadas.

El efecto sobre los trabajadores

El impacto en los funcionarios municipales ha sido profundo. Diversos informes dan cuenta de que al menos 32 trabajadores fallecieron sin que se pagaran sus cotizaciones previsionales, lo que refleja una situación que se arrastra desde hace años y que se ha agudizado en el último tiempo.

Entre 2021 y 2025, la deuda previsional de los municipios aumentó en un 258%, según datos de la Superintendencia de Pensiones. Solo en el sistema actual de AFP, más de 236 mil funcionarios municipales figuran como afectados.

Fondos públicos pese a la prohibición legal

La normativa vigente establece que los municipios con cotizaciones impagas no pueden recibir recursos del Fondo Común Municipal (FCM), principal fuente de financiamiento de los gobiernos locales. Sin embargo, se constató que varios municipios endeudados siguen recibiendo transferencias desde este fondo, pese a lo establecido por ley.

La responsabilidad de fiscalizar esta restricción recae en la Superintendencia de Pensiones, la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y la Tesorería General de la República. Aun así, los procedimientos no habrían logrado impedir los traspasos de recursos a municipios que mantienen deudas previsionales.

Reclamos y acciones internacionales

La Federación Nacional de Trabajadores Municipales (Fentramuch) lleva años denunciando la situación ante distintos organismos públicos, sin resultados concretos. En 2024 la federación presentó reclamaciones formales ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, argumentando que el Estado de Chile ha incumplido convenios internacionales en materia de seguridad social.

Si bien el Ministerio del Trabajo reconoció la existencia de mesas de trabajo tripartitas junto a la OIT y la Fentramuch, los dirigentes aseguran que estas instancias “no han generado avances reales” y que el problema sigue creciendo.

Una crisis estructural

La deuda previsional municipal no solo representa un incumplimiento legal, sino que pone en evidencia una crisis estructural de gestión en los gobiernos locales, donde recursos destinados a la seguridad social de los funcionarios fueron utilizados para otros fines.

A la fecha, miles de trabajadores siguen esperando que sus cotizaciones sean regularizadas, mientras el monto total continúa aumentando y amenaza con transformarse en una de las mayores deudas sociales del sistema municipal chileno.