Hospital de Osorno: Contraloría detecta que se dio prioridad a funcionarios o familiares

La Contraloría General de la República (CGR) reveló irregularidades en auditorías realizadas a los hospitales regionales de Osorno (Región de Los Lagos), Angol (Región de La Araucanía), Talca (Región del Maule) y Ovalle (Región de Coquimbo). Estas auditorías evaluaron las prestaciones quirúrgicas entregadas a pacientes en la Lista de Espera No GES, encontrando serias irregularidades en los cuatro recintos.

Familiares y funcionarios con prioridad indebida

Uno de los hallazgos más graves es que familiares de funcionarios y los propios empleados de estos hospitales fueron operados en tiempos de espera significativamente menores que otros pacientes en lista. Esta práctica generó un trato desigual en la atención médica.

Caso del Hospital de Osorno

El informe N°387 de la Contraloría Regional de Los Lagos expone que el Subdirector Médico del Hospital Base San José de Osorno operó a su hermana, quien esperó solo dos días para su intervención. Esto contrasta con el promedio de 330 días para la misma patología. Además, los exámenes preoperatorios de la paciente fueron realizados en Rancagua, su ciudad de residencia, lo que plantea dudas sobre la gestión del caso. Ante estas irregularidades, se instruirá un sumario administrativo para identificar responsabilidades.

El informe también señala que el hospital realizó cirugías a funcionarios y sus familiares en plazos menores al promedio, sin razones fundadas que justificaran esta priorización.

Conflicto de interés en licitaciones

Otro punto crítico detectado es que el hospital licitó cirugías de colecistectomías y hernias para pacientes GES y No GES. En este proceso, el subdirector médico autorizó cambios en el personal médico ofertado por la empresa proveedora, mientras él mismo figuraba como cirujano en la licitación. Esto sugiere un posible conflicto de interés.

Acciones legales y administrativas

Además de ser incluidas en el sumario administrativo, estas irregularidades serán remitidas a la Fiscalía Regional del Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, para determinar posibles acciones legales.

El caso del Hospital de Osorno destaca la necesidad de fortalecer la transparencia y equidad en la gestión de listas de espera y procesos de licitación en el sistema público de salud.