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Polémica por Financiación Estatal de Escuela sobre Violencia Institucional
Polémica por Financiación Estatal de Escuela sobre Violencia Institucional
La "Primera Escuela de Formación en Prácticas de Acompañamiento y Elaboración de la Violencia de Estado", organizada por el Laboratorio de Estudios de Violencia Institucional (LEVI) y realizada en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, ha generado críticas debido a su financiamiento con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt).
La actividad surgió en respuesta a lo que sus organizadores describen como la "represión estatal hacia la población civil movilizada" durante el estallido social de 2019. Para la convocatoria, se utilizó la serigrafía "Desármelo y bótelo: peligroso juguete móvil para uso antipopular", del artista chileno Guillermo Núñez, creada en 1970. La imagen, que aparentemente representa a un carabinero lanzando un objeto, fue complementada con cifras sobre bombas lacrimógenas, perdigones y víctimas oculares durante el estallido.
Críticas desde la oposición
Desde el sector opositor, cuestionaron que esta actividad recibiera fondos estatales. El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, criticó el financiamiento a través de la plataforma X, señalando:
"¿Inteligencia artificial? ¿Automatización? No. Esta es la 'ciencia' que financia este gobierno ideológico. Millones de pesos botados a la basura en programas y proyectos que reivindican la insurrección financiados con plata de todos los chilenos."
Por su parte, la diputada Camila Flores (RN) acusó al Gobierno de seguir "amparando y financiando a los violentistas", afirmando que quienes participaron en el estallido social "seguro en unos años los veremos nuevamente en las calles tratando de 'quemarlo todo'".
Objetivo de la escuela de formación
Según la descripción del evento, el objetivo de la iniciativa es generar herramientas prácticas y teóricas para enfrentar, documentar y reparar las consecuencias de la violencia de Estado. Se establecieron cuatro dimensiones de enseñanza:
- Rescate: Primeros auxilios a personas afectadas por la violencia estatal.
- Registro: Documentación de violaciones a los Derechos Humanos.
- Denuncia: Estrategias para llevar estos casos ante la justicia.
- Reparación: Aplicación de protocolos internacionales para constatar el daño y promover medidas de reparación.
Respuesta del Gobierno y la Universidad Mayor
Ante las críticas, la ministra de Ciencias y vocera (s), Aisén Etcheverry, explicó que se trata de un proyecto Fondecyt regular, adjudicado en 2023 por la Universidad Mayor. Defendió el financiamiento al señalar que:
"A través de proyectos como este se estudian fenómenos sociales complejos desde distintas disciplinas, en este caso desde las ciencias sociales, con el fin de fortalecer la toma de decisiones y la construcción de políticas públicas."
La investigación está a cargo de Patricia Castillo Gallardo, quien postuló a través del Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS) de la Universidad Mayor. Sin embargo, la universidad aseguró que Castillo "nunca estuvo afiliada a la institución" y que solo patrocinó el proyecto hace tres años.
Por su parte, Castillo desmintió a la universidad, asegurando que el proyecto sigue formando parte del CEAS y destacando que ha generado diversas publicaciones académicas y participación en instancias internacionales en México, Colombia y Argentina.
Mientras el debate continúa, la actividad ha reabierto la discusión sobre el uso de fondos públicos para investigaciones con impacto político y social.
