El control municipal sobre la educación: la figura del profesor encargado y su impacto en la gestión escolar

En muchas comunas del país, la administración de los establecimientos educacionales municipales se mantiene bajo un sistema que permite a los alcaldes ejercer un control directo sobre las decisiones y el uso de recursos en las escuelas. Esto ocurre mediante la omisión de directores en los recintos educativos, reemplazándolos por la figura del "profesor encargado". Esta estrategia administrativa genera múltiples problemas en la gestión de los establecimientos y en la calidad del servicio educativo que se ofrece a los estudiantes.

El problema de la falta de directores

En el modelo tradicional, cada establecimiento debería contar con un director que tome decisiones estratégicas y garantice el uso adecuado de los recursos provenientes de las subvenciones estatales. Sin embargo, en muchas municipalidades, en lugar de nombrar un director, se opta por asignar a un "profesor encargado". Esta figura, a diferencia de un director formalmente designado, no cuenta con las mismas atribuciones ni independencia para administrar los fondos y dirigir el recinto de manera autónoma.

El control centralizado del alcalde

La ausencia de un director con plenas facultades permite que el sostenedor del establecimiento, en este caso el alcalde, tenga un control absoluto sobre las decisiones financieras y operativas. Como resultado, las subvenciones estatales que llegan a cada colegio no necesariamente se invierten en mejorar la infraestructura, recursos pedagógicos o en la contratación de personal calificado. En cambio, se prioriza el gasto en establecimientos con baja matrícula, muchas veces por razones políticas o estratégicas, en lugar de distribuir equitativamente los fondos según las necesidades reales de cada escuela.

Limitaciones de los profesores encargados

Los profesores encargados, al no contar con la autoridad de un director, enfrentan múltiples limitaciones. No tienen la capacidad de tomar decisiones administrativas relevantes, ni de asignar recursos según las necesidades del recinto. Además, carecen de la potestad para contratar o remover personal en función de mejorar la calidad del servicio educativo. Esta falta de autonomía reduce la eficiencia de la gestión escolar y afecta directamente la calidad de la educación impartida.

Hacia un sistema de mayor autonomía y transparencia

Para evitar que los recursos destinados a la educación sean administrados con discrecionalidad política y no con criterios educativos, es fundamental establecer directrices claras que otorguen mayor independencia a la administración de los establecimientos. La designación de directores con plenas facultades no solo fortalecería la autonomía escolar, sino que también permitiría una distribución más justa y eficiente de los fondos.

El desafío radica en garantizar que cada establecimiento cuente con liderazgo educativo sólido, que pueda velar por el correcto uso de los recursos y la mejora continua de la calidad educativa. Mientras se mantenga el actual sistema de profesores encargados, el control político sobre la educación seguirá predominando sobre el bienestar de los estudiantes y la eficiencia de la gestión escolar.