Corte de Apelaciones paraliza polémico criterio de contralora Dorothy Pérez sobre "confianza legítima"

 


Corte de Apelaciones frena polémico dictamen de Contraloría sobre “confianza legítima”

La Contraloría General de la República sufrió un revés significativo luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago ordenara detener la aplicación del controvertido dictamen sobre la "confianza legítima". Esta decisión responde a una orden de no innovar solicitada en un recurso de protección presentado por la Fundación Fuerza Ciudadana.

Contexto del Debate

El dictamen, firmado por Dorothy Pérez en su primer acto como contralora titular, aborda la duración necesaria bajo la modalidad a contrata para obtener la "confianza legítima", que otorga a los funcionarios públicos la seguridad de renovaciones continuas. Mientras Contraloría estimó este periodo en dos años, la Corte Suprema ha reiterado que el plazo es de cinco años.

El dictamen señala que estas disputas deberán resolverse en tribunales, desmarcando a Contraloría de futuras interpretaciones al respecto. Esta postura generó rechazo entre gremios de funcionarios públicos, quienes exigieron la intervención del Gobierno.

Recurso de Protección

La Fundación Fuerza Ciudadana, representando a dos funcionarios municipales a contrata de La Cruz (región de Valparaíso) que fueron desvinculados, interpuso un recurso de protección argumentando vulneraciones a derechos constitucionales.

El documento alega que el dictamen E561358, emitido el 6 de noviembre de 2024, perturba derechos fundamentales como:

  • Integridad psíquica
  • Igualdad ante la ley
  • Derecho de propiedad

Los recurrentes sostienen que, pese a cumplir con el criterio de "confianza legítima" avalado por la Corte Suprema, sus contratos fueron terminados mediante decretos alcaldicios sin fundamentos adecuados.

Principales Argumentos

El recurso señala:

  1. Impacto en la integridad psíquica: Los afectados deben enfrentar un largo proceso judicial pese a la evidente ilegalidad de su desvinculación.
  2. Desigualdad: Se cuestiona el trato diferenciado respecto a otros funcionarios en situaciones similares.
  3. Ausencia de fundamentación: Los decretos municipales carecen de justificación adecuada, afectando los derechos de los funcionarios a una estabilidad razonable en sus empleos.

Implicancias

Esta decisión pone en pausa un criterio que podría impactar a miles de funcionarios públicos, reforzando la importancia del debate sobre la estabilidad laboral en el sector público. Entretanto, gremios y autoridades evalúan sus próximos pasos en un tema que sigue dividiendo opiniones.

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