Municipios otorgaron licencias de conducir a deudores de alimentos pese a prohibición legal

 

Más de 3.400 personas registradas como deudores de pensión de alimentos recibieron su licencia de conducir entre noviembre de 2022 y diciembre de 2024, a pesar de la prohibición establecida en la Ley N°21.389. Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) reveló que 242 municipios incumplieron esta normativa, permitiendo la entrega de permisos de conducción a personas que adeudan un total de $17.473 millones en pensiones alimenticias, afectando a 4.706 niños y niñas en el país.

Alto incumplimiento en los municipios

El informe detalló que el 70% de los municipios del país no respetaron la normativa, con un 94% de incumplimiento en la Región Metropolitana. Además, seis comunas lideraron la entrega irregular de licencias, otorgando más de 100 permisos cada una:

• Antofagasta: 172 licencias
• La Granja: 117 licencias
• Lo Espejo: 115 licencias
• La Serena: 114 licencias
• Punta Arenas: 112 licencias
• Arica: 111 licencias

Según la CGR, la responsabilidad recae en los funcionarios municipales encargados de verificar si el solicitante figura en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. La ley establece sanciones para estos trabajadores, que van desde una multa del 10% al 50% de su remuneración.

Red de favores en los municipios

El informe también reveló irregularidades dentro de los mismos municipios. Se detectó que 65 funcionarios municipales, inscritos como deudores, lograron obtener o renovar su licencia en la comuna donde trabajan. Además, 482 deudores de pensión alimenticia resultaron ser familiares de empleados municipales en las comunas donde obtuvieron su licencia, lo que sugiere una posible red de favores internos.

Medidas y fiscalización

Ante estos hallazgos, la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades de la Contraloría anunció que evaluará nuevas fiscalizaciones para confirmar las irregularidades y tomar medidas correctivas. La falta de control y el incumplimiento de la ley por parte de los municipios refuerzan la preocupación por la protección de los derechos de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.