Nueva norma del SII genera impacto en medios de pago digitales y pequeños comercios

 

A partir del 1 de mayo de 2025, el Servicio de Impuestos Internos (SII) exigirá la emisión de boletas o comprobantes de pago impresos en todas las ventas presenciales realizadas a consumidores finales. Aunque se contempla un período de adaptación hasta marzo de 2026 para aquellos negocios que no cuenten con impresoras, la medida ha generado preocupación en pequeños comercios y en la industria de pagos digitales.

Reacciones del sector fintech y comercios

Desde el sector fintech y los proveedores de medios de pago electrónicos, la normativa ha sido considerada un retroceso en la digitalización del comercio. Empresas como Transbank han señalado que la exigencia contradice políticas previas del propio SII, que en 2022 permitía la emisión opcional de vouchers o boletas en formato digital. Ahora, la obligatoriedad de impresión implicará que muchos negocios deban invertir en nuevos equipos, aumentando sus costos operacionales.

Los pequeños comerciantes que utilizan dispositivos de pago móviles como mPOS, pagos QR y tecnología "tap to phone" serían los más afectados. Se estima que en Chile existen más de 600.000 de estos dispositivos en uso, facilitando la inclusión financiera de emprendedores y comercios de menor tamaño. La necesidad de contar con impresoras podría convertirse en una barrera para la formalización de nuevos negocios y para la adopción de estas tecnologías.

Debate sobre la digitalización y el impacto ambiental

Expertos en comercio y digitalización han advertido que la exigencia de impresión va en contra de las tendencias globales que buscan reducir costos y minimizar el impacto ambiental mediante comprobantes electrónicos. En este contexto, distintos actores de la industria han manifestado su intención de dialogar con el SII para evaluar alternativas que permitan cumplir con la normativa sin afectar el desarrollo tecnológico del sector.

Por su parte, las autoridades han defendido la resolución, argumentando que su principal objetivo es mejorar la fiscalización y garantizar el correcto registro de las transacciones. Sin embargo, la medida sigue siendo motivo de debate, y los gremios afectados analizan estrategias para mitigar su impacto antes de su implementación.