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Nepotismo y designaciones políticas: La ilegalidad en las primeras gestiones municipales de 2025
El inicio de nuevas administraciones municipales en el país ha estado marcado por una serie de nombramientos irregulares en cargos clave, que vulneran los principios de transparencia, probidad y mérito en la función pública. Durante estos primeros tres meses de 2025, múltiples denuncias han revelado que familiares y cercanos de alcaldes y concejales han sido designados en jefaturas municipales sin concursos públicos ni evaluación de antecedentes, en contravención a la normativa vigente.
El marco legal: prohibiciones claras y sanciones
El nepotismo en la administración pública está expresamente prohibido por diversas normativas que regulan el acceso a los cargos en el Estado.
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Ley 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado:
- En su artículo 54, establece la incompatibilidad de designar en cargos de confianza a personas con parentesco directo (hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad).
- Su artículo 52 recalca que las decisiones de contratación deben regirse por los principios de mérito, idoneidad y transparencia.
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Ley 19.880, sobre Procedimientos Administrativos:
- Obliga a que los actos administrativos, incluidas las contrataciones, sean fundamentados y justificados, lo que no ocurre cuando se entregan cargos por afinidad política o familiar.
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Código Penal y Ley de Probidad Administrativa:
- El nepotismo puede constituir un acto de corrupción, enmarcándose en la figura de tráfico de influencias, lo que puede derivar en sanciones administrativas y penales.
- La infracción grave a los principios de probidad puede llevar a destitución del cargo y prohibición de ejercer funciones públicas.
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Contraloría General de la República:
- En diversos fallos, ha señalado que la contratación de familiares en cargos de confianza atenta contra la ética pública y la transparencia, pudiendo declarar la nulidad de dichos nombramientos.
- Además, puede iniciar sumarios administrativos y remitir antecedentes al Ministerio Público si existen indicios de delito.
Falta de concursos públicos: un vacío que fomenta el abuso
Uno de los mecanismos que permite el nepotismo es la discrecionalidad en la designación de cargos de confianza. Si bien ciertos puestos directivos pueden ser ocupados sin concursos públicos, esto no significa que el alcalde tenga libertad absoluta para nombrar a quien desee.
Según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, las contrataciones deben responder a criterios técnicos y administrativos, lo que en la práctica no ocurre cuando se priorizan lazos familiares o compromisos políticos.
En este sentido, la Contraloría ha insistido en que la contratación de personal debe regirse por el principio de eficiencia en el uso de los recursos públicos, lo que se ve gravemente afectado cuando se privilegia a personas sin la formación ni la experiencia requerida.
Consecuencias legales y administrativas
Las autoridades que incurren en nepotismo o designaciones arbitrarias se exponen a sanciones severas, entre ellas:
- Destitución del cargo y prohibición de ejercer funciones públicas, en casos de faltas graves a la probidad.
- Multas e inhabilitación, si se determina una infracción administrativa grave.
- Acciones judiciales por corrupción y tráfico de influencias, si se configura un uso indebido del poder para favorecer a familiares o cercanos.
- Intervención de la Contraloría, que puede declarar la nulidad de las contrataciones irregulares y ordenar el reintegro de los fondos utilizados en sueldos indebidos.
¿Cómo frenar estas prácticas?
El fortalecimiento de los concursos públicos y una mayor fiscalización ciudadana y de organismos contralores son fundamentales para evitar el nepotismo en las municipalidades. La ciudadanía debe exigir transparencia en las designaciones y rendición de cuentas, mientras que los funcionarios afectados por estas prácticas tienen el derecho de presentar denuncias ante la Contraloría y el Consejo para la Transparencia.
La pregunta sigue abierta: ¿Se permitirá que la corrupción continúe debilitando la administración municipal o se tomarán medidas concretas para erradicar estas prácticas?
